Municipalidad de Toronto prohíbe manifestaciones frente a iglesias y escuelas

Municipal de Toronto.

REDACCION ST.- El Concejo Municipal de Toronto aprobó una controvertida ordenanza que prohíbe las protestas frente a lugares de culto, escuelas y guarderías, estableciendo así las denominadas “zonas de burbuja”. La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de julio, fue aprobada por 16 votos a favor y 9 en contra, en medio de un intenso y prolongado debate.

Con esta nueva normativa, cualquier iglesia, sinagoga, mezquita o guardería que lo solicite podrá establecer una zona de exclusión de 50 metros a su alrededor, donde no se permitirán manifestaciones ni expresiones de desaprobación.

A diferencia de versiones anteriores, ya no se requerirá que el solicitante haya sido previamente afectado por protestas para acceder a esta protección. Quienes violen esta ordenanza se enfrentarán a multas de hasta $5,000 y podrían ser arrestados si se niegan a abandonar la zona.

El concejal Mike Colle explicó que se trata de una medida sencilla, que busca impedir que se bloqueen entradas o se intimide a personas que simplemente quieren ejercer su fe o llevar a sus hijos a la escuela o la guardería.

Aunque la normativa tiene como objetivo frenar el antisemitismo y otros actos de odio, varios concejales advirtieron que podría entrar en conflicto con los derechos garantizados por la Carta de Derechos y Libertades.

La concejala Gord Perks, quien votó en contra, señaló: “Si apoyas las protestas, tienes que apoyarlas incluso cuando no estés de acuerdo con ellas”.

Durante el debate, un manifestante fue retirado por la seguridad del recinto tras gritar: “Están usando el antisemitismo como arma. Esto es una farsa total”. El intento de posponer la votación hasta que el gobierno federal presentara una legislación similar fue rechazado.

El concejal James Pasternak resumió el sentir de quienes apoyaron la ordenanza: “Tenemos la oportunidad de crear una ley propia, hecha en Toronto. ¿De verdad queremos que Ottawa lo haga por nosotros?”. A pesar de su aprobación, organizaciones como la Coalición por los Derechos y Libertades han anticipado que la medida enfrentará desafíos legales.