Doctora en Ontario pierde licencia por vender más 1,400 exenciones de COVID-19

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SOMOS TORONTO.- Una doctora de Toronto perdió su licencia profesional tras determinarse que emitió más de 1,400 cartas de exención de medidas contra el COVID-19 sin cumplir con los estándares médicos y con fines lucrativos. La decisión, tomada por el tribunal disciplinario de médicos de Ontario, concluyó que la conducta fue grave, poco profesional y carente de criterio clínico.

Durante apenas tres meses, entre agosto y octubre de 2021, la doctora redactó 1,425 exenciones relacionadas con vacunación, uso de mascarillas y pruebas diagnósticas. La gran mayoría correspondía a vacunas, mientras que el resto se distribuía entre mascarillas y test. Por estos documentos, cobraba directamente a los pacientes —300 dólares por una primera carta— sin utilizar el sistema público de salud.

El tribunal determinó que las exenciones se otorgaban sin una evaluación médica adecuada. Los pacientes completaban formularios donde describían síntomas o temores, muchas veces guiados por ejemplos proporcionados previamente, como ansiedad, enfermedades autoinmunes o miedo a reacciones alérgicas.

Además, se ofrecían descuentos para familias o para la emisión de múltiples cartas. Las consultas se realizaban por teléfono, con un volumen inusualmente alto: en algunos días llegó a atender más de 100 pacientes. No contactaba a los médicos de cabecera de los pacientes ni compartía con ellos la información recopilada, lo que contraviene prácticas básicas de coordinación médica.

El tribunal también destacó que la doctora no tenía formación especializada en áreas clave como inmunología o enfermedades infecciosas, pese a que las exenciones requerían criterios estrictos definidos por las autoridades sanitarias. En ese momento, las excepciones válidas eran muy limitadas y debían ser confirmadas por especialistas. A esto se sumaron preocupaciones sobre la confidencialidad, ya que se documentaron conversaciones sobre pacientes realizadas en espacios públicos, incluyendo llamadas telefónicas en voz alta durante un viaje en tren.

La médica tampoco participó activamente en el proceso disciplinario. Tras varios aplazamientos, dejó de responder a las comunicaciones del tribunal y no asistió a audiencias clave. Para entonces, además, su registro profesional ya había expirado. Ante la gravedad de los hechos, el tribunal concluyó que existió una “falta de conocimiento, habilidad y juicio” incompatible con el ejercicio de la medicina.

Como resultado, se ordenó la revocación definitiva de su licencia y el pago de una multa económica. El caso pone en evidencia los riesgos de prácticas médicas alejadas de la evidencia científica, especialmente en contextos de salud pública donde las decisiones individuales pueden tener un impacto colectivo significativo.