Una nueva ley ayudará a los desplazados internos de El Salvador
ONU.- La Agencia de la ONU para los Refugiados dio la bienvenida a una nueva legislación aprobada en el país centroamericano que proporcionará ayuda humanitaria y acceso a la justicia a aquellos que lo han perdido todo por la violencia de las pandillas y del crimen organizado.
La nueva legislación de El Salvador para ayudar a las personas internamente desplazadas por la violencia beneficiará a decenas de miles de ciudadanos que han sido forzados a huir de sus hogares por las pandillas y el crimen organizado, aseguró la Agencia de la ONU de los Refugiados el pasado viernes.
ACNUR acogió con beneplácito la ley, aprobada por una mayoría rotunda en la Asamblea Nacional el pasado jueves, que abre la puerta a decenas de miles de víctimas para obtener asistencia humanitaria y el restablecimiento de sus derechos básicos, incluido el acceso a la justicia.
“La ley prevé además el establecimiento, por primera vez, de un sistema nacional integral que reúne a una amplia variedad de instituciones estatales para colaborar en la respuesta y prevención del desplazamiento forzado”, explicó Liz Throssell, la portavoz de la Agencia, ante periodistas en Ginebra.
Una vez firmada por el presidente Nayib Bukele, la ley tendrá un impacto positivo duradero en la vida de los 71,500 salvadoreños que se estima fueron desplazados por la fuerza entre 2006 y 2016 dentro de las fronteras de su país.
“El reciente cambio de liderazgo en El Salvador ha permitido avanzar en la legislación sobre desplazamiento, que había sido deliberada durante mucho tiempo. Su adopción fue un primer paso muy positivo, y el siguiente será la implementación”, agregó Throssell.
La portavoz dijo que la ley también ayudará a decenas de miles de personas más que actualmente corren el riesgo de verse obligadas a huir de sus hogares.
La legislación reconoce una problemática regional
El texto de la legislación, redactado con el apoyo técnico del ACNUR, se alinea con los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno y con otras normas internacionales que establecen los derechos de las personas desarraigadas, incluido el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, protección de unidad familiar, un nivel de vida adecuado y soluciones duraderas.
“También establece mecanismos para permitir que las personas afectadas por el desplazamiento interno protejan y reclamen propiedades que pueden haber sido forzados a abandonar en su huida”, explicó Throssell.
La ley además refleja el impulso creciente en América Central para reconocer y responder al fenómeno del desplazamiento interno, señala ACNUR.
En Honduras, donde se estima que 247.000 personas han sido desplazadas por la violencia dentro de su propio país, el Congreso Nacional está considerando una legislación similar a la ley aprobada en El Salvador. México también reconoce el grave impacto del desplazamiento interno y ha expresado su compromiso de aprobar un proyecto legislativo sobre el tema a nivel federal.
La Agencia reiteró su disposición de continuar ofreciendo asistencia técnica y operativa a los Gobiernos de Centroamérica y México para ayudarlos a mitigar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado, en línea con sus compromisos como parte del Marco Integral Regional para la Protección y Solucianes (MIRPS), una iniciativa enmarcada en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, para hacerle frente al desplazamiento forzado en Centroamérica.
En julio de 2019, el nuevo Gobierno de El Salvador se sumó a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para responder a las necesidades de las personas desplazadas forzosamente a través del MIRPS. Además, en 2020, El Salvador asumió la presidencia temporal de este mecanismo innovador de respuesta al desplazamiento forzado en países de origen, tránsito y destino.
Asimismo, la legislación del país centroamericano surge en el contexto de un impulso global para encontrar soluciones para los millones de personas en todo el mundo que están desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países.
“En octubre, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, estableció un Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno para aumentar la atención global y avanzar en soluciones para este problema que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo debido a conflictos y violencia”, recordó Throssell.
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