Canadá advierte a 30.000 solicitantes de refugio que podrían quedar fuera del sistema de asilo

Immigration, Refugees and Citizenship Minister Lena Metlege Diab. / Canadian Press.

SOMOS TORONTO.- El Departamento de Inmigración de Canadá ha comenzado a enviar cartas a unos 30.000 solicitantes de refugio informándoles que podrían no ser elegibles para acceder a una audiencia de asilo, en medio de cambios recientes en la legislación federal.

Según informó Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), estas notificaciones no son órdenes de deportación, sino “cartas de equidad procesal”, un mecanismo habitual que permite a los solicitantes aportar información adicional antes de que se tome una decisión definitiva sobre sus casos.

Las cartas, que ya están siendo distribuidas, indican que algunas solicitudes podrían no ser remitidas a la División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. En uno de los casos citados, el documento señala que el solicitante ingresó al país en 2024, pero presentó su solicitud más de un año después, lo que podría hacerlo inelegible bajo las nuevas reglas.

Este cambio se produce tras la aprobación del proyecto de ley C-12, que endurece los requisitos y plazos para solicitar refugio. La normativa establece que las personas que hayan ingresado a Canadá hace más de un año antes de presentar su solicitud no podrán acceder al proceso ante la Junta de Refugiados. Además, la medida tiene carácter retroactivo hasta el 24 de junio de 2020 y se aplica a solicitudes realizadas a partir del 3 de junio de 2025.

A los solicitantes que reciben estas cartas se les otorga un plazo de 21 días para presentar pruebas o información adicional que explique las circunstancias de su entrada al país, lo cual podría influir en la evaluación final de su elegibilidad.

El IRCC también aclaró que, en caso de que una solicitud no sea remitida al proceso formal de refugio, los afectados aún podrán acceder a una evaluación de riesgo previa a la deportación (PRRA, por sus siglas en inglés), en la que un oficial analizará si la persona enfrenta peligros en su país de origen antes de tomar una decisión final.

Esta medida revela por primera vez la magnitud del impacto de la nueva legislación y marca un endurecimiento significativo en la política migratoria canadiense, generando incertidumbre entre miles de solicitantes de asilo en el país.