Amnistía Internacional plantea preocupaciones sobre ley anti-terrorista y el derecho de tierra en Canadá

CANADA.- Un informe anual de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha puesto el punto de mira sobre los derechos de las poblaciones indígenas de Canadá, destacando la promesa del gobierno liberal, desarrollar una investigación pública sobre las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas.

Canadá fue uno de 160 países y territorios incluidos en el informe anual de Amnistía Internacional, que analizó derechos sobre la tierra, la lucha contra el terrorismo y la seguridad y la respuesta global a la crisis de refugiados en 2015.

INFORME DE ADMISTIA INTERNACIONAL SOBRE CANADA 2015-2016

Canadá Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por el gobernador general David Johnston

Jefe del gobierno: Justin Trudeau (sustituyó a Stephen Harper en noviembre)

Las profundas reformas de las leyes de seguridad nacional planteaban inquietudes relativas a los derechos humanos. Tras un cambio de gobierno, se inició el proceso para llevar a cabo investigación pública, largamente reclamada, sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, y se adquirieron compromisos para abordar una serie de cuestiones preocupantes relacionadas con los derechos humanos.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En junio, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicó sus llamamientos a la acción, basados en seis años de audiencias. Informe 2015/16 Amnistía Internacional 129 La Comisión concluyó, entre otras cosas, que el sistema canadiense de escuelas residenciales para niños y niñas indígenas constituía un “genocidio cultural”, y formuló numerosas recomendaciones para ayudar a restablecer las comunidades indígenas e impedir que los niños y niñas indígenas fueran aún más perjudicados.

En julio se inició la construcción de la represa Site C en la Columbia Británica, sin abordar su impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Canadá que volviera a informar en el plazo de un año sobre los avances realizados para afrontar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas y proteger el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

Al finalizar el año, seguía pendiente de resolución el recurso de apelación contra la sentencia que permitía seguir adelante con el proyecto del oleoducto de Northern Gateway en el norte de la Columbia Británica, a pesar de la oposición de muchos pueblos indígenas que dependían de las tierras y los recursos hídricos que podían verse afectados.

Al terminar el año, seguía pendiente desde hacía 14 meses la sentencia de un tribunal canadiense de derechos humanos en un caso —iniciado en 2008— de presunta discriminación relacionada con la insuficiente financiación proporcionada por el gobierno federal para la protección de la infancia en las comunidades de las Primeras Naciones (comunidades indígenas).

DERECHOS DE LAS MUJERES

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó que la policía y el sistema de justicia canadienses no habían protegido a las mujeres indígenas frente a la violencia de manera efectiva, no habían hecho rendir cuentas a los responsables, y tampoco se habían asegurado de que las víctimas recibieran reparación.

En diciembre, tras el cambio de gobierno, se inició un proceso para llevar a cabo una investigación pública sobre la violencia contra las mujeres y niñas indígenas; se esperaba que la investigación comenzara en 2016.

SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS

En mayo, Omar Khadr, ciudadano canadiense que había sido internado en Guantánamo a los 15 años, donde había permanecido detenido los siguientes 10 hasta ser repatriado a Canadá en 2012 en virtud de un acuerdo de transferencia de presos, fue puesto en libertad con fianza, a la espera de la resolución de un recurso de apelación contra su condena en Estados Unidos. También en mayo, el Tribunal Supremo de Canadá resolvió que Omar Khadr debía ser tratado como menor de edad en el sistema penitenciario canadiense.

La Ley Antiterrorista de 2015 entró en vigor en junio. Ampliaba la autoridad de las agencias gubernamentales canadienses para compartir información acerca de personas sin contar con salvaguardias adecuadas, y permitía al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad adoptar medidas para reducir las amenazas a la seguridad, aun cuando dichas medidas vulneraran derechos. La nueva ley creaba el delito de defender o promover la perpetración de “delitos de terrorismo en general”, lo que socavaba el derecho a la libertad de expresión.

Esta ley había sido objeto de una impugnación que estaba pendiente al terminar el año, y el nuevo gobierno se había comprometido a revisar algunas de sus disposiciones. Seguía pendiente la impugnación contra las reformas de la Ley de Nacionalidad aprobadas en 2014, que permitían retirar la nacionalidad canadiense a las personas condenadas por terrorismo y otros delitos. El nuevo gobierno prometió revocar las reformas de 2014.

SISTEMA DE JUSTICIA

En septiembre, la Real Policía Montada del Canadá presentó cargos penales por tortura contra un oficial de los servicios de 130 Informe 2015/16 Amnistía Internacional inteligencia militar sirio en el caso del ciudadano canadiense Maher Arar, encarcelado ilegalmente en Siria en 2002 y 2003 tras haber sido entregado a ese país por Estados Unidos.

Esos cargos fueron los primeros que se presentaban en Canadá por torturas cometidas fuera de su territorio. Seguían pendientes de resolución dos demandas contra el uso generalizado de la reclusión en régimen de aislamiento.

PERSONAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO

En octubre se tuvo noticia de que los funcionarios del gobierno habían dejado de tramitar casos de personas refugiadas sirias durante varias semanas en verano, y que hacían una selección para dar prioridad a las personas refugiadas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, así como a personas que hubieran tenido un negocio y que hablaran inglés o francés con fluidez.

En noviembre, el nuevo gobierno anunció un plan para reasentar a 10.000 personas refugiadas sirias antes de final de 2015, con el objetivo de alcanzar un total de 25.000 para principios de 2016.

Al concluir el año habían llegado a Canadá alrededor de 6.000 personas refugiadas sirias.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Canadá que volviera a informar en el plazo de un año sobre una serie de motivos de preocupación en relación con los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas.

En julio, el Tribunal Federal de Canadá anuló la “lista de países de origen designados” en virtud de la cual se negaba a las personas que solicitaban la condición de refugiado y procedían de países “seguros” el derecho a recurrir solicitudes rechazadas. En agosto, el ciudadano camerunés Michael Mvogo fue expulsado de Canadá, 13 meses después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidiera que se le liberara de su detención indefinida.

En noviembre, el nuevo gobierno anunció que cancelaría los recortes en el Programa Federal Provisional de Salud para personas refugiadas y solicitantes del estatuto de refugiado y que restauraría la cobertura médica.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS

En febrero, varias agencias federales y provinciales iniciaron una investigación conjunta para determinar si Imperial Metals había infringido alguna ley cuando la presa de residuos de su mina en Monte Polley se rompió en 2014.

En el desastre, se vertieron en cursos fluviales con peces 24 millones de metros cúbicos de agua con residuos de la actividad minera. En mayo se hizo público el cuarto informe anual al Parlamento sobre la evaluación de los efectos que el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia tenía sobre los derechos humanos.

Una vez más, el informe dejaba sin examinar cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos, como los graves abusos a los que se enfrentaban los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras personas en zonas de extracción de recursos en Colombia. En octubre, Canadá era uno de los 12 países que habían firmado el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, un nuevo gran acuerdo de libre comercio que no incluía salvaguardias de derechos humanos. Al concluir el año, seguían pendientes de resolución ante los tribunales canadienses cinco demandas que pretendían determinar la responsabilidad de la empresa matriz canadiense por la vulneración de derechos humanos en el contexto de operaciones mineras en Eritrea y Guatemala.

NOVEDADES JURÍDICAS, CONSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES

Debido a la celebración de elecciones federales anticipadas, el Senado no aprobó antes de que se disolviera el Parlamento un anteproyecto de ley que hubiera introducido en la Ley de Derechos Humanos de Canadá la identidad de género como motivo prohibido de discriminación, y tampoco aprobó legislación sobre crímenes de odio. Pese a los reiterados llamamientos, el gobierno no ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas ni el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.