Artículo 6: El derecho a ser reconocido como persona ante la ley

Foto finalista del concurso “Niños por los derechos humanos 2018”.

Noticias ONU.- (De la serie 30 artículos sobre los 30 artículos)  Tras establecer los estándares para la dignidad y la libertad, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dedica un grupo de artículos a los estándares para la administración de justicia incluyendo lo que a menudo se conoce como el “debido proceso”.

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Aproximadamente un cuarto de la DUDH está dedicado a cuestiones legales en torno a los derechos humanos. Como ya hemos visto, a finales de la década de los cuarenta, los abusos del régimen nazi estaban frescos en la mente de los redactores de la DUDH, quienes pensaron que estas provisiones servirían como una trinchera más sólida ante futuras violaciones de derechos humanos como aquellas perpetradas por los nazis. Y, de hecho, hacia finales de la década de los cuarenta, todas estas provisiones fueron incorporadas en los sistemas legales de las naciones desarrolladas.

Los artículos del 6 al 11 están estrechamente relacionados y, en su mayor parte, se centran en algunos de los derechos civiles y políticos que todos los seres humanos deberían disfrutar. La segunda mitad de la DUDH se centra en los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos. Si una persona no es reconocida “como una persona bajo la ley”, numerosos derechos, incluyendo aquellos en las esferas social y económica, se verían amenazados.

El artículo 6 está siendo el foco de atención con el fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias – la práctica de ciertos países de sustraer, detener y, posiblemente, ejecutar a personas- mientras sus familias rara vez saben cuál fue su paradero.

Este es el caso de personas como las Madres de la Plaza de Mayo que protestaron durante años contra la desaparición forzada de sus hijos durante la “Guerra Sucia” en Argentina entre 1976 y 1983. Usando pañuelos blancos para simbolizar los pañales de sus hijos, las mujeres desafiaron la dictadura militar para manifestarse frente al palacio presidencial para tratar de obtener información sobre sus hijos desaparecidos.

Durante el período de la dictadura militar en Argentina, las fuerzas de seguridad hicieron desaparecer de forma forzosa – término usado cuando el Estado lleva a cabo un secuestro – alrededor de 30,000 personas, y aún se desconoce la suerte y el paradero de muchas de ellas. La larga lista de desaparecidos incluía a dos de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Políticas similares de desaparición forzada se llevaron a cabo en otros tantos países latinoamericanos dirigidos por dictadores militares, como Chile, Guatemala y Perú.

La desaparición forzada no es un problema nuevo

Sin embargo, los generales latinoamericanos no inventaron el concepto de la desaparición. Durante la Guerra Civil española a finales de la década de 1930, más de 143,000 personas desaparecieron sin dejar rastro. El primer episodio de desaparición forzada permitido por la ley de manera explícita y desvergonzada ocurrió cuando Hitler emitió la directiva ‘Nacht und Nebel’ (‘Noche y niebla’) en diciembre de 1941, para trasladar en secreto a miles de personas desde los territorios ocupados hasta Alemania, muchas de las cuales serían finalmente asesinadas. La medida se centró en la población civil, con el objetivo de disuadir toda forma de resistencia. La incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos (despojados de todas las protecciones legales y debidos procesos que deberían haberse aplicado, después de haber sido sustraídos en plena noche) fue diseñada deliberadamente para aterrorizar y paralizar a la sociedad en su conjunto. Fueron, usando un término empleado por los nazis, “transformados en niebla”.

Los organismos regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de unos 800 millones de personas, han desempeñado un papel importante en los últimos años al proporcionar recursos a las víctimas de este crimen y disuadir a los Estados de cometerlo.

Sin embargo, la desaparición forzada no se restringe a una región específica, sino que es un problema global. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias revisó unos 840 casos de 46 países en septiembre de 2018. Amnistía Internacional ha identificado a Siria y Sri Lanka como dos de los peores países en lo que a desapariciones forzadas se refiere. Rusia y Estados Unidos (con su programa de entregas durante la “Guerra contra el Terror”) también han sido acusados de cometer esta violación.

Sin embargo, el problema no se limita necesariamente a las fuerzas de seguridad del gobierno, con desapariciones a manos de bandas criminales, en colusión con las autoridades en un momento dado. Esto ha acabado convirtiéndose en un problema crónico en los últimos años en países de América Central y México, así como en Irak. Como consecuencia de su defensa de los derechos de las poblaciones locales en contra de intereses comerciales y económicos, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente se han convertido en blancos concretos, tanto en América Latina como en algunos países del sudeste asiático.

La falta de reconocimiento ante la ley exigida por el artículo 6 es, por supuesto, mucho más amplia que la cuestión de la desaparición forzada. En algunos países, las mujeres aún no tienen los mismos derechos bajo la ley que los hombres. Por ejemplo, hay 32 países en los que las mujeres necesitan el permiso de su esposo para solicitar un pasaporte, y 30 donde las mujeres no pueden elegir dónde vivir.

La apatridia, otra violación de los derechos humanos

Y quizás el mayor problema al que se enfrentan los 3,9 millones de personas apátridas de los que se tiene constancia en el mundo es que están excluidas de algunas, o incluso de todas, las leyes y sistemas diseñados para proteger a los ciudadanos de un país. Este limbo legal puede tener un impacto devastador no sólo en las personas apátridas, sino en sus hijos y nietos que pueden heredar su mismo estatus, como si de una enfermedad genética se tratara, ya que sus nacimientos no pueden registrarse, porque sus padres no existen a los ojos de la ley.

Como resultado, pueden sufrir violaciones de un amplio abanico de sus derechos sociales, políticos, económicos y civiles: no pueden votar, casarse, obtener una educación, presentar un caso ante los tribunales o recibir atención médica. Mientras que algunas personas se convierten en apátridas como consecuencia imprevista de un cambio o falla en la legislación nacional, una minoría considerable es, en palabras de la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, “víctima de una forma más perniciosa de apatridia: la exclusión deliberada de todo un grupo debido a una determinada discriminación política, religiosa o étnica”. El ejemplo actual más grave de esto es la minoría Rohingya en Myanmar, privada de muchos de sus derechos porque se les niega la ciudadanía.                                                                                 

Muchos siguen compartiendo el sueño del físico Albert Einstein, quien dijo en 1933 mientras Alemania, su tierra natal, comenzaba a hundirse en el fascismo: “Mientras siga teniendo una opción, me quedaré sólo en un país donde la libertad política, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sean la norma”. Pero en una época en la que los refugiados encuentran cada vez más obstáculos en su derecho a buscar asilo ante la persecución, el sueño de Einstein, y el camino trazado en la DUDH – siguen siendo inalcanzables para muchos.

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