Alcaldes de Ontario piden declarar estado de emergencia ante la creciente crisis de vivienda y adicciones

SOMOS TORONTO.— Los alcaldes de las 29 ciudades más grandes de Ontario solicitaron formalmente a la provincia que declare un estado de emergencia frente a lo que describen como una crisis humanitaria y de seguridad comunitaria impulsada por la falta de vivienda, los problemas de salud mental y las adicciones.

La petición fue aprobada por unanimidad por el caucus Ontario Big City Mayors. Según los alcaldes, los municipios asumieron más del 50 % de los 4.1 mil millones de dólares gastados en 2024 en programas de vivienda y atención a personas sin hogar, un nivel de inversión que califican de insostenible.

La presidenta del caucus y alcaldesa de Burlington, Marianne Meed Ward, señaló que las ciudades ya han “agotado sus recursos” y sostuvo que abordar la falta de vivienda no debería depender de los impuestos municipales. “No podemos permitir que personas sigan sufriendo en las calles”, afirmó.

El gobierno provincial defendió su actuación. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Municipales y Vivienda, Michael Minzak, destacó que Ontario ha destinado 75.5 millones de dólares para construir viviendas asequibles y con apoyo, además de 1.7 mil millones para mejorar la vivienda de apoyo mediante programas como la Iniciativa de Prevención de la Falta de Vivienda.

Agregó que se están invirtiendo 550 millones de dólares en 28 centros HART, destinados a la recuperación de personas sin hogar y con adicciones. Sin embargo, los alcaldes sostienen que estos fondos son insuficientes.

Basándose en un informe de la Asociación de Municipios de Ontario, indicaron que se requieren 11 mil millones de dólares en los próximos 10 años para abordar adecuadamente la crisis. El vicealcalde de Toronto, Paul Ainslie, advirtió que la situación continúa agravándose. “Aunque hemos visto cierto apoyo del gobierno provincial, no es suficiente. Los municipios no pueden resolver esto solos”, afirmó.

Los alcaldes reiteraron su llamado a que la provincia asuma un rol más decisivo para evitar que la crisis siga escalando y ponga en riesgo a más comunidades.