Canadá endurece su sistema de asilo e inmigración con la nueva ley C-12

SOMOS TORONTO.- Immigration, Refugees and Citizenship Canada anunció la entrada en vigor de la Bill C-12, una nueva ley que busca reforzar el sistema migratorio y de asilo del país. La normativa recibió sanción real el 26 de marzo de 2026 e introduce cambios importantes en cuatro áreas clave: requisitos de elegibilidad para el asilo, modernización del proceso, intercambio de información y control de documentos migratorios.

Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de los requisitos para solicitar asilo. A partir de ahora, las solicitudes presentadas más de un año después de la primera entrada a Canadá —desde junio de 2020— no serán remitidas a la Junta de Inmigración y Refugiados. Asimismo, quienes crucen la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos fuera de los puntos oficiales y soliciten asilo después de 14 días tampoco podrán acceder al proceso regular.

Estas medidas buscan reducir la presión sobre el sistema y evitar que el asilo se utilice como vía alternativa de inmigración. Sin embargo, las personas afectadas aún podrán solicitar una evaluación de riesgo antes de ser deportadas para evitar ser enviadas a situaciones de peligro.

En paralelo, el gobierno modernizará el proceso de asilo para hacerlo más ágil y eficiente. Se simplificarán los formularios, se priorizarán solicitudes completas listas para audiencia y se eliminarán casos inactivos.

Además, si un solicitante abandona voluntariamente Canadá antes de que se resuelva su caso, este se considerará abandonado. También se contempla mayor apoyo a personas vulnerables, como menores de edad, mediante la asignación de representantes durante el proceso.

Otro cambio importante es la ampliación de las facultades para compartir información entre organismos gubernamentales. IRCC podrá intercambiar datos personales —como identidad, estatus migratorio y documentos emitidos— con provincias y otras entidades federales, siempre bajo acuerdos formales y con salvaguardas de privacidad.

Estas medidas buscan mejorar la coordinación institucional sin comprometer los derechos de los solicitantes. Finalmente, la ley otorga nuevas herramientas al gobierno para gestionar documentos migratorios como visas, permisos de trabajo o estudio. En situaciones de interés público —como riesgos de seguridad, fraude o emergencias sanitarias—, se podrán suspender o cancelar documentos y pausar procesos de solicitud.

Estas decisiones deberán ser aprobadas por el gabinete y formalizadas mediante orden oficial, garantizando transparencia y supervisión parlamentaria. En conjunto, la ley C-12 representa un cambio significativo en la política migratoria canadiense, con un enfoque en mayor control, eficiencia y capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, manteniendo al mismo tiempo ciertos mecanismos de protección para personas en riesgo.