Nueva ley migratoria en Canadá enfrenta desafío constitucional por endurecer reglas para refugiados

SOMOS TORONTO.- La nueva ley migratoria impulsada por el gobierno federal de Canadá ya comenzó a enfrentar fuertes cuestionamientos legales y podría terminar siendo analizada por los tribunales constitucionales del país debido a las nuevas restricciones impuestas a las solicitudes de refugio. La Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados confirmó que varios recursos judiciales contra la ley C-12 fueron aceptados para manejo conjunto en la Corte Federal, lo que significa que un mismo juez supervisará todos los casos relacionados con las nuevas normas.

La medida más polémica de la legislación establece que cualquier persona que haya estado en Canadá por más de un año antes de presentar una solicitud de refugio quedará automáticamente inhabilitada para hacerlo. La regla aplica de manera retroactiva desde el 24 de junio de 2020 y afecta todas las solicitudes realizadas a partir del 3 de junio de 2025. El gobierno canadiense estima que cerca de 30 mil solicitudes de refugio podrían ser rechazadas bajo estas nuevas disposiciones.

Aunque las autoridades sostienen que la ley mantiene ciertas protecciones legales, como las evaluaciones previas a la deportación, abogados especializados aseguran que muchas personas quedarán atrapadas en un “limbo migratorio”. La abogada de inmigración Aisling Bondy explicó que uno de los principales cuestionamientos será determinar si la legislación viola derechos protegidos por la Constitución canadiense, especialmente el derecho a la seguridad y protección de las personas.

Bondy advirtió que algunos solicitantes provienen de países a los que Canadá actualmente no deporta debido a conflictos humanitarios o guerras, como Afganistán, Ucrania y la Franja de Gaza. En esos casos, las personas no serían expulsadas, pero tampoco podrían avanzar legalmente hacia una residencia permanente ni reunificar a sus familias. “Quedan atrapados en un limbo.

Si su esposa e hijos están fuera del país, no pueden reunirse con ellos hasta obtener una decisión positiva sobre su situación migratoria”, señaló la abogada. Otro de los problemas señalados es el enorme retraso en las solicitudes por razones humanitarias, una alternativa legal disponible para algunos migrantes, pero cuya espera supera actualmente los diez años.

Por su parte, el gobierno federal defendió la constitucionalidad de la ley en un informe presentado al Parlamento el año pasado, argumentando que las nuevas reglas no implican deportaciones inmediatas y, por lo tanto, no vulneran directamente los derechos fundamentales establecidos en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Ahora, la Corte Federal deberá decidir cómo avanzará el proceso judicial y si seleccionará algunos casos representativos para definir si la ley C-12 respeta o no la Constitución canadiense.

Las nuevas medidas más importantes de la ley C-12: Los solicitantes de refugio deberán presentar su caso dentro del primer año desde su llegada a Canadá. La norma aplica retroactivamente desde junio de 2020.

Las solicitudes hechas después del 3 de junio de 2025 podrían ser rechazadas automáticamente si no cumplen el plazo. Miles de migrantes podrían perder acceso al sistema tradicional de refugio. Personas provenientes de países en crisis podrían quedar sin estatus migratorio definido y sin posibilidad inmediata de reunificación familiar.